Qué poco hacen los políticos contra la desocupación

Ricardo Osvaldo Rufino   mir1959@live.com.ar

Es común que los gobernantes –o candidatos a serlo- anuncien que van a aniquilar la desocupación, y hasta le pongan plazo fijo a esa hazaña. Saben que los altos índices de paro son connaturales al sistema estructural que han elegido, y que el electorado ratifica en cada elección, en el cual el Estado cumple un papel escaso, tanto en la eliminación de ese flagelo como en la atenuación de sus consecuencias.

El Estado argentino destina a luchar contra el desempleo apenas el 0,2 por ciento de su presupuesto anual, mientras que España –que ahora está siendo fuertemente castigada por la desocupación- dedica a mitigar esas consecuencias un 3,64 por ciento y otros países de Europa destinan porcentajes que oscilan entre el 5,99 por ciento en el caso de Suiza y el 2,89 por ciento en el del Reino Unido.

El desempleo es una especie de catalizador que desnuda muchos comportamientos hipócritas y/o esquizofrénicos de protagonistas de la vida pública. Por ejemplo, es bueno destacar el caso de los sindicalistas: padecen una galopante crisis de representatividad, y la opinión pública de la mayoría de los países tiene de ellos un pésimo concepto. Sin embargo, en Argentina, por caso, no han producido cambios en sus formas organizativas, y los trabajadores sin empleo carecen de voz y voto en el sindicato. Subsisten idénticas estructuras que cuando en el país existía el pleno empleo. Así, los dirigentes sindicales son mandatarios (en el mejor de los casos, admitiendo que sus mandatos sean válidos) de una virtual aristocracia laboral, la de quienes aún conservan trabajos en relación de dependencia. El trabajador que es despedido queda sin representación. En ese contexto, uno debería preguntarse: ¿qué legitimidad tiene la CGT para hablar en nombre de la totalidad de los trabajadores?

Hay un hecho que es paradójico. Transitamos un tiempo en el que predominan los adelantos tecnológicos, y éstos han posibilitado la creación de nuevas formas sociales relacionadas con el consumo (desde la oferta que se lanza a través de Internet al dinero de plástico, desde la multipresencia de la publicidad hasta el marketing), sin embargo no se han creado formas de inserción social para las capas de la población que ya no son contenidas por antiguas instituciones. En la realidad, los derechos de los desocupados, ancianos, jóvenes, se esfuman. El desocupado no cotiza a su sindicato, por lo tanto, pierde su organización y su obra social sindical. No aporta a la medicina privada, por consiguiente, no tiene cobertura de salud, salvo la que le brinda la red hospitalaria estatal. No consume, o consume lo mínimo, y por lo tanto, no tiene relevancia para el mundo de la publicidad y la producción. No cumple con los cánones de moda, es un “no-ser”.

Visualicemos el tema de los desocupados con un ejemplo metafórico: el desempleado, como los presos sólo puede destruir los muros que lo aprisionan, pero ése es un ejercicio inútil, pues las ruinas de esos muros son tan opresoras como el muro en pie.

Y mientras tanto, el aro de la hipocresía sigue girando. Presidentes que auguran aniquilamiento de la desocupación, ministros que ponen plazo fijo al flagelo, funcionarios que repiten “estamos preocupados y alertas”, sindicalistas que piden la prohibición del despido a sabiendas de que pronuncian un dislate, empresarios que han denigrado siempre al Estado pero que piden su intervención cuando les va mal.

En definitiva, fuegos de artificio. En concreto, no se hace nada efectivo para ayudar a los que han quedado fuera del circuito laboral.

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